La inteligencia artificial llegó para quedarse, al igual que las plataformas digitales, cuyo uso ha transformado nuestra vida cotidiana. Frente a ello, México se encuentra en una discusión que no es menor: ¿cómo regular sin ignorar los efectos positivos que también trae consigo su uso?
La respuesta parece fácil: una Ley General, como ya se ha propuesto en distintas ocasiones, acompañada de lineamientos, principios o manuales de buenas prácticas. Si bien concentrar todas las respuestas en una sola ley permitiría contar con un marco común de referencia, difícilmente bastaría para atender la complejidad del fenómeno.
Dada la amplitud de la transformación digital, sus efectos alcanzan ámbitos tan diversos como la medicina, la industria automotriz, el análisis de datos, la educación o el medio ambiente, cada uno con riesgos, actores y necesidades particulares. Por ello, una política digital integral no necesariamente significa una regulación única, sino una estrategia capaz de articular distintos instrumentos, autoridades y responsabilidades según lo que se busca atender.
Esta integralidad tampoco puede construirse únicamente desde el Estado: requiere que las empresas conozcan a profundidad sobre sus ventajas y riesgos en el uso, al tiempo que sus estrategias de asuntos públicos evolucionen hacia una participación anticipada, no de reacción.
En ambos sectores, el público y el privado, existen herramientas de política pública, incentivos, estándares, educación, prevención, planeación y buenas prácticas empresariales por implementar, siempre cuestionando qué se busca resolver, qué instrumento se necesita, a quién corresponde actuar y, sobre todo, cómo hacerlo antes de que las consecuencias obliguen a reaccionar.
El papel del gobierno: prevenir, cooperar y planear
El primer reto del gobierno es la prevención. Hasta ahora, muchas de las respuestas a los efectos de la tecnología han surgido cuando el problema ya es visible. La prohibición del uso de celulares en las escuelas puede tomarse como ejemplo: si bien es una medida que puede contribuir a reducir distracciones y mejorar la atención, se busca adoptar en cuanto sus efectos forman ya parte de la cotidianidad.
Prevenir implica actuar antes: identificar riesgos emergentes, generar evidencia tomando en cuenta marcos normativos de referencia y construir las capacidades necesarias que permitan ejercer las medidas pertinentes e informadas. Es importante además considerar que se debe atender un panorama amplio de elementos que involucran a la educación digital, la de las familias, los sistemas de cuidados, el diseño de plataformas y principios de protección de niñas, niños y adolescentes (NNyA).
En segundo lugar, el reto está en construir una regulación cooperativa y capaz de distinguir entre los diferentes contextos que existen. No todas las tecnologías ni plataformas funcionan igual y, por ende, tampoco generan los mismos riesgos. Por ello, resulta importante continuar con la apertura de consultas y espacios de interlocución antes de tomar decisiones. El diálogo intersectorial debe ser parte esencial del proceso, pues regular de manera integral implica escuchar, comprender el contexto en sus diferentes formas y elegir el instrumento adecuado para atender cada riesgo u oportunidad.
Después está la planeación del desarrollo. México busca hoy atraer inversión y aprovechar las oportunidades económicas de la era digital. El país se ubica como el segundo exportador de productos que se usan para construir los sistemas de IA; sin embargo, esa apuesta también exige cuestionar qué infraestructura se busca atraer y en qué condiciones puede sostenerse en el largo plazo.
En la actualidad existen alrededor de 50 centros de datos en México y se proyectan otros 73 durante los próximos cuatro años; además, alrededor de 43% de los nuevos proyectos soportaría cargas de trabajo relacionadas con IA[1]. Este crecimiento representa inversión y empleos, pero también una mayor demanda de electricidad y agua, así como generación de residuos electrónicos. Tan solo la Asociación Mexicana de Data Center (Mexdc) calcula que hacia 2030 el fenómeno promete movilizar más de 18 mil millones de dólares en inversiones en los próximos cinco años, pero advierte que esta evolución solo será viable si se fortalecen las redes de transmisión eléctrica y la disponibilidad energética.
El reto, entonces, se cimienta en anticipar que la regulación tome en cuenta estas necesidades y garantizar que el crecimiento sea compatible con las capacidades energéticas, hídricas y ambientales del país, al tiempo que se brinde certidumbre jurídica a la inversión.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, presentada en abril del presente año, reconoce este desafío al señalar que la implementación de estas tecnologías debe considerar sus impactos sociales, territoriales y ambientales, aunque los mecanismos concretos para prevenirlos o mitigarlos podrían desarrollarse con mayor detalle en las siguientes etapas de su implementación. En lo legislativo, incluso se ha propuesto incorporar determinados centros de datos a la Manifestación de Impacto Ambiental.
El papel de las empresas
La responsabilidad, sin embargo, no descansa únicamente en el Estado. En el ámbito empresarial digital debe atenderse el cuestionamiento: ¿cómo navegar la IA y sus impactos de manera corresponsable?
La IA y el desarrollo tecnológico cambian a tal velocidad que cierto grado de manejo reactivo resulta inevitable, pero conviene evitar que la reflexión sobre sus efectos surja “contra reloj”. En este sentido, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) representan una ventana de oportunidad: la dimensión ambiental obliga a considerar el consumo de energía, agua, emisiones y residuos; la social, a atender los efectos de la tecnología sobre sus usuarios; y la de gobernanza, a incorporar cuestiones como transparencia, protección de datos, ética y cumplimiento.
El análisis interno debe traducirse, al mismo tiempo, en una estrategia de asuntos públicos proactiva y corresponsable. Conocer los impactos, riesgos y particularidades de un producto permite identificar con anticipación qué discusiones públicas pueden afectarlo y, a partir de ello, acercarse a los tomadores de decisiones, participar en consultas y aportar información técnica que ayude a distinguir entre modelos de negocio.
Aunado a lo anterior, la proactividad se refleja en decisiones que pueden adoptarse incluso antes de que exista una obligación. En este sentido, el Foro Económico Mundial, respecto a la IA, sugiere[2]: medir las emisiones y los esfuerzos de reducción en el uso de la IA; usar modelos de IA eficientes y optimizar los flujos de trabajo; cumplir con los requisitos de la norma ISO 42001; colaborar con proveedores sostenibles que utilicen energía renovable o de carbono, y fomentar una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas.
En suma, la velocidad del cambio tecnológico difícilmente permitirá anticipar cada riesgo, pero sí exige construir capacidades para identificarlos, distinguirlos y atenderlos con el instrumento adecuado.
Este texto fue escrito por Pamela Trujillo Loria, Consultora de Análisis e Inteligencia Política en Grupo Estrategia Política.
Referencias:
[1] “Los data centers crecen más rápido de lo que México puede electrificarlos”, Milenio, 2025. Disponible: https://www.milenio.com/negocios/data-centers-con-demanda-electrica-en-mexico-para-economia-digital
[2] “Cómo el uso de la inteligencia artificial impacta al ambiente y qué puedes hacer al respecto”. World Economic Forum. 2025. https://es.weforum.org/stories/climate-action/como-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-impacta-al-ambiente-y-que-puedes-hacer-al-respecto/
El dilema de la regulación digital
Bienestar animal en México: el caso de los animales de compañía
Balance del segundo periodo ordinario de la LXVI Legislatura: productividad y dinámica del trabajo legislativo
México y su nueva legislatura: lo que necesitas saber sobre el Proceso Legislativo
La responsabilidad de legislar desde la mayoría
La Inteligencia Artificial y los nuevos retos en sustentabilidad
El liderazgo de China y el repliegue de Estados Unidos bajo la administración de Trump
Impulsar la inclusión financiera de las mujeres en México