El desafío regulatorio de la era digital en México: IA y protección de la infancia

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha detonado numerosos debates a nivel mundial sobre su regulación, impactos, riesgos y beneficios. En México, la conversación ha sido en general cautelosa, quizá por el inherente componente geopolítico que acompaña a esta tecnología y las posturas que contrastan en torno a su regulación.

En este contexto, el pasado 15 de mayo, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, titulada “Magnifica humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, la cual no pasó desapercibida para la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dedicó un par de conferencias matutinas a exponer su coincidencia con diversos argumentos planteados por el Papa e invitó a la reflexión sobre el tema. Sin embargo, la Mandataria también externó preocupaciones muy puntuales en torno a la regulación de la IA, la transparencia algorítmica y la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) en entornos digitales.

La Presidenta señaló cuatro puntos centrales:

Considerando que, desde hace varios años, la visión del Ejecutivo Federal suele ser el punto de partida de las políticas y reformas de mayor calado, estos elementos ilustran lo que podría contener una eventual propuesta de regulación de la IA y de las redes sociales en México.

Estatus de la regulación de la IA en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado la necesidad de que México cuente con un marco jurídico sólido que impulse el desarrollo de capacidades tecnológicas, entre ellas el uso y desarrollo de la IA. Esto quedó plasmado desde los “100 Compromisos” de su campaña presidencial y, posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Asimismo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) creó el Centro Público de Formación en IA y publicó el Plan Nacional de IA. Finalmente, aunque no vinculante, junto con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se suscribió la Declaración de Ética y Buenas Prácticas para el Uso y Desarrollo de la IA (Principios de Chapultepec).

En el Congreso Federal, legisladores de todos los grupos parlamentarios han presentado numerosas iniciativas orientadas a regular esta tecnología; sin embargo, ninguna ha logrado avanzar en su proceso legislativo. Las únicas reformas exitosas relacionadas con la IA a nivel federal han sido, precisamente, las impulsadas por el Ejecutivo Federal: las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y a la Ley Federal del Trabajo (en materia de derechos de las personas trabajadoras artistas, intérpretes o ejecutantes), así como a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (en materia de transferencia de tecnología y de simplificación del proceso de protección de patentes y registros).

Por otro lado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República ha sido frecuente la realización de foros, talleres y mesas de diálogo, entre otros espacios que congregan a expertas y expertos en la materia. Destaca que el Senado cuenta con su propia Comisión Ordinaria de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la IA en México, mientras que la Cámara de Diputados creó recientemente una Comisión Especial. En estos espacios se ha señalado que, para que México cuente con una Ley General en la materia, el primer paso requerido es reformar el artículo 73 de la Constitución, a fin de plasmar expresamente la facultad del Congreso de la Unión para legislar en esta materia.

Protección de NNA

En 2025, el estado de Querétaro avanzó con la llamada “Ley Kuri”, la cual, aunque acotada al ámbito estatal, estableció que las redes sociales digitales deben priorizar el interés superior de NNA; contar con mecanismos de denuncia y de reparación de los derechos afectados; y restringir el acceso a menores de catorce años, entre otros cambios. También introdujo al Código Penal del estado el delito de grooming, con penas de tres a seis años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la UMA. Por su parte, en Jalisco se aprobó recientemente la llamada “Ley de Pantallas Seguras”, que, con un enfoque más exhaustivo, plantea un esquema de corresponsabilidad entre autoridades (educativas, de seguridad, de salud, entre otras), madres y padres de familia, así como la creación de un Consejo Estatal de Protección para coordinar las políticas públicas en la materia.

Si bien los ejemplos anteriores son loables, la ausencia de un diálogo nacional implica el riesgo de generar una fragmentación regulatoria en servicios que responden a una lógica global, lo que dificultaría el cumplimiento de herramientas de protección distintas en cada estado. A ello se suma que, a diferencia de los congresos locales, el Congreso Federal sí está expresamente facultado para legislar en materias como tecnologías de la información y comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet.

Conclusiones

Para el mes de julio, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum dará por concluidos dos compromisos internacionales de gran relevancia: la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y la revisión del T-MEC. Una vez culminados estos procesos, se abrirá una policy window en la que el gobierno podrá dirigir su atención hacia áreas cuya regulación había sido postergada. ¿Será la regulación de la IA o de las redes sociales la próxima prioridad del gobierno federal, o es solo uno de los muchos temas que compiten por encabezar la agenda del Ejecutivo? Para el siguiente periodo ordinario están pendientes iniciativas de la Presidenta en materia de bienestar animal, consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, certificados ambientales, equilibrio ecológico, feminicidio, responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet, propiedad industrial y la PRODECON.

Sea cual sea la respuesta a estas preguntas, seguirá siendo necesario convocar a todos los actores interesados en el tema, entre ellos la ATDT, las comisiones correspondientes del Congreso Federal, las organizaciones de madres y padres de familia, y las empresas tecnológicas, ya que estas últimas aportarán elementos necesarios para construir un marco normativo técnicamente viable.

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Fuentes consultadas

Este texto fue escrito por Nidia Andrade, Uriel Jiménez y Gerardo Irigoyen, Consultores en Grupo Estrategia Política.