La responsabilidad de legislar desde la mayoría

Imagen: Cámara de Diputados. (2025). Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados [Imagen]. Recuperado 20 de febrero de 2025 de https://web.diputados.gob.mx/

Han pasado poco más de seis meses desde que se constituyó la LXVI Legislatura. Una Legislatura en la que, por primera vez en casi dos décadas, el bloque parlamentario afín al Ejecutivo Federal cuenta con una mayoría calificada que ha permitido la aprobación de reformas constitucionales y de leyes reglamentarias, en su generalidad promovidas desde la Presidencia de la República. El inicio de la legislatura también estuvo marcado por la conclusión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por el comienzo de la administración de Claudia Sheinbaum.

La alianza legislativa conformada por MORENA, el Partido Verde y el PT cuenta con una representación de 450 legisladores en ambas Cámaras¹, es decir el 75% de la integración del Congreso. El debate relativo a la sobrerrepresentación que se presentó al inicio de la Legislatura es un tema que ha quedado superado. Si bien se ha presenciado una serie de prácticas como la incorporación de legisladores de fuerzas opositoras a la alianza oficialista, la mayoría con la que se cuenta en la actualidad no es ilegal y responde, primordialmente, a los acuerdos políticos generados entre los partidos con más espacios de representación en las Cámaras. Las primeras semanas de ejercicio de la presente Legislatura permitieron visualizar la dinámica que tomarían las discusiones, la cual no ha sido muy diferente a la que antecede, a pesar de contar con una mayoría que les otorga una votación holgada para la aprobación de las reformas.

Hace 15 años, la vida parlamentaria del país tomó una nueva vertiente. Con el propósito de ordenar los procesos asociados a la actividad legislativa, se emitieron los Reglamentos Internos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados en junio y diciembre de 2010, respectivamente. A través de estos ordenamientos se establecieron nuevos mecanismos de análisis, discusión y aprobación de los proyectos legislativos y otras disposiciones para normar la vida interna de ambas Cámaras del Congreso.

Los Reglamentos internos además de establecer los días con los que cuentan las Comisiones para emitir los dictámenes correspondientes, las votaciones en el Pleno o la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, también integran elementos para normar la relación y convivencia entre los propios legisladores, cuestión que podría parecer irrelevante o innecesaria para ser incorporada en estos instrumentos normativos, no obstante, se trata de las disposiciones que han sido mayormente evocadas en los últimos meses:

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que es obligación de los Diputados

“dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria. En el mismo tenor, una de las obligaciones de los Senadores establecidos en su reglamentación interna es la de conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del Congreso de la Unión.“

Aunque podría tomarse lo anterior como una obviedad, las discusiones en el Pleno se han traducido en un intercambio de comentarios que obedecen a una línea discursiva de agravios entre la mayoría y la oposición, pocas veces el debate parlamentario se ha concentrado en el tema central de las reformas. Es así como las contravenciones a la normatividad interna del Congreso hoy en día parecen situaciones cotidianas en la tribuna legislativa.

Ahora bien, el primer semestre de trabajos legislativos nos deja importantes elementos de análisis y lecciones. En primer lugar, que la actual mayoría calificada con la que se cuenta en ambas Cámaras no se ha visto reflejada en una mejora de los procesos parlamentarios. La discusión de proyectos de manera apresurada, sin cumplir con los tiempos reglamentarios en el análisis, discusión y votación es ya una constante de esta LXVI Legislatura. El proceso de aprobación en Comisiones se ha traducido en el cumplimiento de un trámite del propio procedimiento legislativo. En las últimas reformas promovidas desde la Presidencia, se ha dado cuenta del contenido y se han aprobado en sus términos, dando continuidad al mandato de la anterior administración de “no mover ni una coma”, lo que ha marcado la agenda legislativa de los últimos cuatro años.

Haciendo un recuento de los asuntos legislativos atendidos entre 2021 y 2024, poco más del 80% de las reformas aprobadas han emanado de la Presidencia de la República. Por ello, no es gratuito que se visualice al Poder Ejecutivo como el principal legislador del país, o al Congreso como su Oficialía de Partes.

Con esto, vemos que la mayoría legislativa no se ha logrado traducir en una mejora a los procesos de análisis y discusión de las reformas; si no que da la impresión de concentrar sus esfuerzos en minar a la oposición para así despachar cuanto antes los asuntos de la Presidencia. Tampoco hemos visto reflejados, desde su instalación, cambios o mejoras en la productividad legislativa, ya que en la actualidad solo se atiende entre el 8% y el 12% de los asuntos presentados en las Cámaras; cifras que denotan, sin duda, un rezago significativo.

En contraste, vimos que en legislaturas anteriores, en las que no se contaba con una mayoría como la que se tiene en la actualidad, la relación Ejecutivo-Legislativo estaba basada en un proceso de diálogo y negociación con representantes de todas las fuerzas políticas, pues la propia integración del Congreso de la Unión así lo exigía. En teoría, contar con una mayoría calificada debería traducirse en una actividad parlamentaria más ordenada, legal y legítima. Sin embargo, en estos dos primeros períodos de sesiones ordinarias, la labor legislativa se ha reducido a atender exclusivamente los asuntos presidenciales, dejando de lado otras prioridades de la agenda nacional.

Frente a este escenario, y asumiendo que gran parte de la efectividad del gobierno federal se desprende de un Congreso alineado, es necesario replantear el significado de la mayoría legislativa. Más allá de figurar como un instrumento para avalar el mandato presidencial, debe entenderse como una responsabilidad que exige la representación ciudadana (hecho por el cual han sido electos) y la priorización de una agenda legislativa que abarque aquellos temas de relevancia nacional y las necesidades sociales reales.