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La credibilidad del árbitro electoral como activo para la estabilidad político-institucional

Recuperar la confianza electoral no solo compete al INE, sino a todo el aparato político e institucional.

A siete meses de las elecciones más grandes de la historia de México y ya con el proceso en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE), máxima autoridad en la materia, enfrenta uno de sus momentos internos más complejos desde su transformación de instituto federal a nacional. Este hecho no solo supone retos operativos hacia el 6 de junio de 2027, sino que pone de relieve elementos político-institucionales que son clave para el desarrollo del país.

Luego de que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en un contexto marcado por la revelación de presuntas irregularidades que involucran contratos sobre material electoral[1], el debate público ha adquirido tintes partidistas; no obstante, el criterio central para abordar este desafío debe ser la estabilidad democrática, por encima de las preferencias políticas, pues su curso y desenlace podrían tener implicaciones materiales y narrativas en torno al sistema político mexicano. La madurez institucional con que se desarrolle el proceso para designar a la nueva consejera presidenta, y la credibilidad con la que se desplieguen los comicios 2027 (incluyendo capacidades técnicas y logísticas, pero también la colegialidad y transparencia en los órganos de gobierno del Instituto) serán indicadores que, en el corto, mediano y largo plazo, tendrán implicaciones para la solidez institucional. Todo ello dependerá de la capacidad de diálogo y acuerdo político.

Credibilidad y acuerdo se erigen, entonces, como los dos componentes centrales en nuestra discusión. Uno depende del otro. Y no se trata de criterios novedosos, sino de una búsqueda que ha tenido lugar, al menos, desde 1977, cuando las reformas político-electorales se instalaron como práctica común de cada sexenio presidencial (a excepción del de Vicente Fox), en un afán de transitar un camino hacia la consolidación democrática de México, que tuvo como antecedente histórico un sistema de partido hegemónico que se mantuvo en el poder por más de 70 años.

Los años setenta son cruciales porque tras las elecciones de 1976, en las que se registró un solo candidato presidencial, el debate remarcó la necesidad de propiciar una mayor participación política como requisito para la legitimidad de los gobiernos en turno. A partir de entonces, un proceso paulatino de democratización comenzó a consolidarse en México:

PRINCIPALES MODIFICACIONES EN MATERIA ELECTORAL
PERIODO19771980-19901990-20002000-20102010-20202020 – actual
Cambios más relevantes25% diputados plurinominales; partidos nacionales en comicios locales. Sin embargo, el proceso aún era controlado por la SEGOB.Incremento de plurinominales. Creación del IFE con participación de SEGOB; creación del TRIFE; renovación de padrón. Fiscalización de recursos; número de senadores; identificación con foto; inicio de ciudadanización; representantes de partido. 1996 como “última” reforma que sienta bases del sistema actual.Reglas a la competencia; radio y TV; precampañas; vigilancia a elecciones; cargos internos en IFE.Transformación del IFE al INE: sistema nacional no federal; OPLE; causales de nulidad; mayores facultades a Consejo General del INE.Elecciones judiciales; mayores facultades a presidencia del INE; eliminación de reelección consecutiva y criterios antinepotismo a partir de 2030.  

La progresividad en la construcción del sistema electoral sugiere que no existe una reforma definitiva (como se planteó en 1996): se trata de un proceso de maduración que, como todo elemento de la realidad social, requiere momentos de adaptación, ajuste y reorientación. Aun así, no se puede dejar de lado que el sistema electoral mexicano, y más específicamente, los organismos garantes que lo componen, se han colocado como algunas de las instituciones que mayor confianza generan a la ciudadanía. De hecho, previo a la coyuntura actual, el INE registraba algunas de sus mejores mediciones de confianza.

Aprobación de las instituciones electorales en México  

Este reconocimiento tiene también alcance internacional: a la fecha, los organismos electorales mexicanos han participado en misiones internacionales brindando observación y asistencia técnica en, al menos, 38 países del mundo.

Fuente: Instituto Nacional Electoral (2023); Cooperación Internacional; disponible en línea en https://ine.mx/cooperacion-internacional/.

A pesar de los altos niveles de confianza reportados y su reconocimiento técnico mundial; o más aún, en atención a estos indicadores, es preciso entender que esta no es una disputa partidista, sino político-institucional que trasciende al propio INE. Ello, sin perder de vista que la coyuntura se inscribe en un contexto de transformaciones institucionales (como la reorganización de los órganos autónomos), de retos persistentes en materia de integridad en el servicio público y de un escenario político con una amplia mayoría de la coalición gobernante y una oposición en proceso de reconfiguración. Por ello, el fortalecimiento de los contrapesos y del pluralismo adquiere especial relevancia.

En este sentido, los dos retos principales son: 1) reordenar la capacidad institucional ante la organización de los comicios 2027 (y en adelante); y 2) mantener la confianza de la ciudadanía para otorgar certeza a los resultados que arrojen dichas elecciones, condición indispensable para la estabilidad sociopolítica.

Pero recuperar la confianza electoral no solo compete al INE, sino a todo el aparato político e institucional. Se erige como elemento central para la estabilidad en un contexto donde la polarización es recurrente tanto a nivel nacional como internacional. Y en esto, el involucramiento de diversas dependencias y fuerzas políticas en la discusión es una señal favorable, e incluso necesaria, que debe incluir temas como: mayor fiscalización, rendición de cuentas, capacidad de generar acuerdos más allá de agendas partidistas, así como el fortalecimiento del marco jurídico, operativo e institucional de una autoridad electoral plenamente autónoma frente a cualquier fuerza política.

En este contexto, la interrogante es si la apertura mostrada por el Congreso ante las propuestas de la oposición (e incluso el desacuerdo que ha llevado a aplazar la publicación de la convocatoria para renovar la Presidencia del Consejo General del INE) se traducirá en un espacio de diálogo y acuerdo pluripartidista que, en última instancia, se interprete como madurez democrática; una prueba que podría reflejar una sensatez política favorable para todas las fuerzas.

El tema no se resuelve únicamente con la designación de la próxima consejera presidenta, aunque su perfil será relevante; se requieren también investigaciones transparentes y con resultados concretos sobre las presuntas irregularidades señaladas; diálogo entre las distintas fuerzas políticas para ordenar el marco legal y procedimental; madurez institucional en el Instituto para solventar desafíos internos que no surgen con la coyuntura actual, pero que hoy se hacen más visibles; entre otras. Es decir, acciones verificables, diálogo político, reglas claras, decisiones colegiadas y contrapesos efectivos que fortalezcan la deliberación democrática.

En suma, conviene considerar que el problema de fondo radica en salvaguardar la credibilidad de la autoridad electoral como clave para la salud democrática de México. Asimismo, el INE es más que su órgano de gobierno: lo integra un servicio profesional con capacidad técnica y trayectoria para garantizar la realización de las próximas elecciones. Su reto más inmediato es logístico: asegurar el material electoral suficiente en el marco de la discusión del Presupuesto 2027 y de un debate político que, más allá de la convocatoria, podría extenderse a una eventual nueva reforma electoral, como ha ocurrido en sexenios anteriores. Esto subraya la necesidad de un diálogo que anteponga la estabilidad político-institucional del país, tanto para resolver la coyuntura actual como para fortalecer un espacio plural hacia adelante.


[1] A la fecha de publicación de este artículo, el Órgano Interno de Control reporta al menos 41 presuntas irregularidades bajo investigación.

Este texto fue escrito por Diana Luna, Analista de información en Grupo Estrategia Política.

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