Multiplicar la seguridad, reducir la militarización: dos pautas para la complejización

“No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla” es un dicho popular que este fin de año hace eco en las intenciones por fortalecer cada vez más a los cuerpos militares en México. En las vísperas del 2024, el presidente López Obrador volvió a anunciar la preparación de un proyecto constitucional con el que buscará que la Guardia Nacional (GN) quede bajo control militar. El principal argumento, sostiene, es ejecutar una estrategia efectiva de combate al crimen organizado que no caiga en la corrupción. Sin embargo, este planteamiento genera dudas.

Con la invalidación de la reforma aprobada en septiembre de 2022, misma que pretendía transferir el control operativo y administrativo de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que el plazo para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tome el control de este cuerpo vence el 1° de enero de 2024; según lo previsto desde su creación, pues el mandato militar se propuso como temporal mientras se consolidaba la institución, aunque en los hechos, nunca se observaron intenciones de preparar su salida. Este acto de inconstitucionalidad se fundamentó en el artículo 21 de la carta magna, en donde se señala que “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”. Sobre esto último, destaco que el elemento civil es relevante porque, entre otras cosas, es indicativo de su destino hacia el desarrollo de tareas de seguridad pública bajo una formación policial puesta al servicio de la sociedad. En cambio, el componente militar refiere la defensa del Estado, en donde se goza de fuero y discrecionalidad en nombre de la seguridad nacional. Pese a la necesaria diferenciación, la propuesta anunciada por el Ejecutivo se armoniza con la tendencia de fortalecer la presencia militar; es patente, en especial, en su participación en proyectos como el Tren Maya, la aerolínea del Estado, la administración de aeropuertos, etc., que rebasa el campo de la seguridad, para combinarse con temas productivos en turismo o transporte.

Hay que precisar, por otra parte, que la injerencia militar en la vida pública no es reciente, así como tampoco es su encauzamiento a tareas ajenas a la defensa del territorio. Sin embargo, la tendencia se vio marcada a partir de 2006 y, desde entonces, se postula como la única vía frente a la magnitud de la inseguridad en el país. Además, la percepción de las fuerzas militares se ha favorecido ante la población por su labor en los desastres naturales y otras tareas sociales. Ahora bien, más allá de la percepción, la actuación de estos cuerpos no arroja señales positivas. El Índice de Paz México 2023, indica que en los últimos 8 años la tasa anual de delincuencia organizada creció 64.2%. Adicionalmente, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, más del 80% de las personas detenidas por fuerzas armadas sufrieron algún tipo de violencia, siendo las agresiones sexuales hacia las mujeres una constante. La poca efectividad en la reducción de delitos, sumado al excesivo uso de la violencia, son indicadores de alarma que no comparten con las policías y que tampoco se han aplicado plenamente al crimen organizado.

El problema de normalizar su presencia en la vida pública radica en que la actuación arbitraria potencial representa un riesgo mayor por el abuso en el uso de la fuerza y la nula rendición de cuentas, fiscalización o respeto de cualquier ordenamiento civil, pues omite el apego a la Ley y reconocimiento de los Derechos Humanos; de ahí que su participación solo debiera darse en casos excepcionales. Dicho conflicto no solo se sostiene en una adecuación frente a distintas labores de protección; sino que motiva a replantear la manera de comprender la seguridad desde su conceptualización más simple, que tradicionalmente la limita a una defensiva militar que arrastra sus orígenes desde, al menos, el siglo XVIII. Así, además de captar su empleo desde el ejercicio de poder, también contribuye a entender e incidir en los problemas que enfrentamos.

Desde aquí, no hay que descartar que la manera de implementar estrategias de seguridad de la mano de las fuerzas armadas y el espacio que se les otorga en la vida social, sean parte del ejercicio de poder. A saber, la alimentación de lealtades y soporte institucional que favorece un proyecto de Estado, justificado a través de una visión hegemónica y las maneras de procurarla. De la misma manera, debemos reflexionar sobre la estrechez en la concepción predominante de seguridad, ignorando múltiples posibilidades de reconocer elementos necesarios para garantizar el desarrollo de la sociedad. Desde un marco simple, las posibilidades de responder efectivamente ante los desafíos urgentes se ven mermadas.

En este sentido, refiero que el llamado está en complejizar, es decir, multiplicar las variables involucradas en nuestras interpretaciones; y en el caso de la seguridad, debemos considerar esferas como la política, la salud, la económica, entre otras, y no solo a la militar/defensiva; tal y como postula el enfoque de la Seguridad Humana_[1]. Observarlas permite transitar hacia estrategias integrales para la vida social. Es así porque la inseguridad también impacta en los negocios, en la participación política, el acceso a alimentos o la atracción de inversiones, etc. Por lo tanto, replantear el incremento del presupuesto de las fuerzas armadas, que en muchos casos se destina a compra de uniformes_[2], por ejemplo, para redistribuirlo en estrategias que especialmente impacten en planos culturales, sociales y económicos, favorece la certeza y estabilidad en el largo plazo. Esto es especialmente urgente si, mediante esta complejización, se observa que un escenario de tal incertidumbre desincentiva el desarrollo del país en diferentes ámbitos, así como su crecimiento económico. Este obstáculo, en un contexto de fortalecimiento del nearshoring, debe ser especialmente atendido para no perder grandes oportunidades.

Con todo, concluyo el presente texto retomando el sostenimiento de la intención presidencial por otorgarle más espacio a las fuerzas armadas, para lo cual, los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas jugarán un papel protagónico en lo inmediato; aunque tampoco se descarta que este, y otros proyectos, puedan esperar a las elecciones de 2024, bajo la convicción del presidente de que su partido y aliados recuperen la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y así puedan agilizar temas de su interés. En este sentido, la forma en que se ejerza el voto será fundamental para estos temas en la última racha del sexenio; y, de la mano de reflexiones profundas frente a nuestras obligaciones ciudadanas, también hay que multiplicar la interpretación de los desafíos que enfrentamos para, en consecuencia, promover respuestas de mayor alcance. 

Notas al pie:

[1] Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el concepto de Seguridad Humana se ha impulsado desde la década de los noventa. Por medio de ésta, se integran 7 dimensiones no tradicionales en la concepción de seguridad, trasladando la centralidad del Estado (en abstracto), para colocar a las personas en el foco de atención.

[2] De acuerdo con un análisis realizado por Intersecta sobre el uso de los recursos militares y el combate a la violencia, durante el 2021 se registró un gasto de 523 mdp solo para uniformes; mientras que el presupuesto total destinado al CENSIDA, una de las principales estrategias en materia de salud sexual, ascendió a 351 mdp.

Este artículo fue escrito por Diana Luna, Consultora en Grupo Estrategia Política.