La seguridad como eje articulador del gobierno de Claudia Sheinbaum

Imagen: Cuartoscuro. (2023). ¿Cuáles son las 10 ciudades con más y menos percepción de inseguridad? [Fotografía]. UnoTV. https://www.unotv.com/uploads/2023/01/inseguridad-mexico-cuartoscuro-151453.jpg

La inseguridad en México no es un fenómeno reciente. Los inicios de esta crisis se perciben mayormente desde el comienzo del milenio, manteniendo incrementos progresivos de la violencia que identifican a la fragmentación de los grupos del narcotráfico como una de sus principales explicaciones, un hecho que se agudiza a partir de la guerra frontal contra el narcotráfico de 2006. Así, los efectos sobre el orden público radican en buena medida en la manera en que se hizo uso de la fuerza.
La fuerza pública como principal componente de la seguridad no es un razonamiento novedoso; de hecho, ha sido una constante del pensamiento social moderno, aunque desde finales del siglo XX otros paradigmas han restado importancia al enfoque coercitivo, contraponiendo propuestas integrales que incluyen elementos culturales, garantías a derechos humanos y oportunidades económicas como criterios fundamentales para la seguridad de la población¹. Narrativamente, el expresidente López Obrador planteó afinidad hacia la segunda opción, y bajo el lema de “abrazos y no balazos” supuso lejanía de la “mano dura”, mientras a la estrategia de seguridad integró programas sociales para promover el acceso al mercado laboral, reducir el rezago económico y la violencia. Pero el elemento simbólico más revelador, fue la incorporación del concepto “Ciudadana” al nombre de la Secretaría de Seguridad. 

No obstante, varios elementos contradijeron el abandono de lógicas de fuerza, como la creación de una Guardia Nacional que nunca se alejó de las Fuerzas Armadas y arrojó resultados variables ante los delitos, pero también evidenció una franca incapacidad política e institucional que subrayó el amplio control territorial que grupos del crimen organizado han alcanzado en las últimas décadas, además de sobre el mercado de las drogas.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, INEGI y SESNSP.

Como parte del proyecto de consolidación de la Cuarta Transformación, la actual administración propuso continuidad en la estrategia de seguridad; sin embargo, estos pronunciamientos parecen más una manera de paliar las deficiencias presentadas durante el gobierno de su antecesor, ya que en la práctica prevalece una ruta diferenciada que, a menos de un año de gobierno, arroja datos interesantes:

El cambio en la ruta por la seguridad es urgente ante la gravedad de la violencia; pero, además, la cuestión debe leerse a través de 2 encrucijadas adicionales: una redefinición del contexto internacional, y una dinámica de control político y territorial disputadas en términos políticos y por el mismo crimen organizado. En el primer caso, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. el mundo apresuró importantes movimientos geopolíticos, destacando una ¿re?-configuración de los paradigmas de seguridad que retoman elementos clásicos basados en el dominio de la fuerza y el debilitamiento del multilateralismo -el rearme de Europa, incremento de amenazas en guerras territoriales y comerciales, luchas por la carrera tecnológica y el fortalecimiento de nacionalismos proteccionistas-. México no es ajeno a esta lógica, aunque sí tiene sus particularidades, pues su agenda obedece a 2 razones centrales: la urgencia de garantizar seguridad a su ciudadanía y una presión ejercida desde EE. UU., para quien la seguridad económica y territorial es prioritaria para prolongar su hegemonía. Entonces, emplea la agenda para negociar o condicionar su propia relación con otros actores.
Así, la seguridad también es moneda de cambio. Como ejemplo la potencial guerra arancelaria que depende del interés comercial estadounidense, pero también de su inquietud ante el tráfico de drogas y de migrantes que ha concentrado la atención en los esfuerzos que México debe poner para “favorecer” una relación sólida con su principal socio comercial. En este marco, las autoridades mexicanas enviaron 29 capos del narcotráfico de grupos diversos², patentando cooperación y efectividad para mitigar desafíos comerciales y de seguridad, pero también las implicaciones de declarar a grupos del narco como cuerpos terroristas, que a largo plazo, podría abrir paso a nuevos desafíos. Empero, en un contexto de incertidumbre propiciado por la administración de Trump, estas acciones no garantizan el fin de una guerra comercial (que se continúa posponiendo), ya que las delicadas acusaciones sobre la colusión de integrantes de la clase política con grupos del crimen organizado ejercerán un papel decisivo porque dirigirán las próximas demandas estadounidenses, abriendo retos vinculados a la segunda encrucijada (control político y territorial) para la presidenta y su gabinete de seguridad. 

A la luz de este tema, la agenda de seguridad en México se torna un eje articulador del ejercicio de poder debido a que, por un lado, el gobierno federal requerirá astucia para una negociación que no mantenga condicionada la relación bilateral que llegue a limitar la ejecución de sus ambiciosas propuestas económicas. Y por otro lado, demandará una estrategia efectiva de combate al crimen organizado que incluirá investigaciones estratégicas que involucren a actores políticos; esto último como forma de fortalecer su control dentro del territorio, y por lo tanto su legitimidad social. Pero también para que alcance una alineación de la clase política; elemento relevante ante la sombra de una lealtad contrastada con la del expresidente López Obrador. 

Esta labor es, sin duda, compleja, pues una estrategia fallida puede favorecer una mayor supeditación a dinámicas internacionales, olas de persecución y violencia, así como una mayor fragmentación política al interior del país; sin embargo, si a través de la estrategia de seguridad logra consolidarse el control territorial y político en México, esto podrá mitigar desafíos externos, pero también será vehículo para incrementar la capacidad de gobierno de Claudia Sheinbaum, de propiciar una mayor pacificación del territorio, y de alcanzar parte de sus objetivos económicos enmarcados en un contexto geopolítico donde la fuerza se mantendrá como elemento relevante en el ejercicio de poder, pero ante una realidad que demanda mayor planeación, inteligencia, articulación y sensibilización ante las diversas causas que promueven la violencia. 

Este texto fue escrito por Diana Luna, Consultora en Grupo Estrategia Política.  

1.  Uno de los casos más popularizados gracias a su impulso desde la Organización de las Naciones Unidas, es el concepto de Seguridad Humana, cuya perspectiva sitúa al ser humano en el centro de la estrategia y desplaza la centralidad del Estado Nación. 
   ↩︎
2.  Entre ellos Caro Quintero, quien ha sido un objetivo prioritario para el gobierno de EE. UU. no solo por sus actividades ilícitas dentro del tráfico de drogas, sino también por torturar y asesinar al agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, quien logró infiltrarse en el extinto Cártel de Guadalajara (fundado por Quintero). De esta manera, se entiende que su envío tiene además una relevancia simbólica especial.  ↩︎