En tan sólo cinco años, la Inteligencia Artificial (IA) pasó de ser una promesa de desarrollo a convertirse en un factor con incidencia creciente en la vida de las empresas y de las personas. Hoy en día, está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los relojes inteligentes ayudan a medir niveles de oxigenación, detectar arritmias o identificar caídas. En algunos hospitales, herramientas apoyadas en IA contribuyen a la interpretación de radiografías y a la detección temprana de tumores. Plataformas de comercio electrónico realizan recomendaciones a partir de los hábitos de consumo de los usuarios, mientras que los chatbots resuelven problemas básicos de postventa sin intervención humana directa. El desbloqueo facial de dispositivos, la corrección automática de textos y la detección de spam en correos electrónicos son ejemplos de herramientas que facilitan actividades cotidianas y cuyo funcionamiento sería difícil de explicar sin el desarrollo de esta tecnología.
La eficiencia es a menudo el argumento a favor para incorporar la IA en distintos procesos. El entusiasmo de los desarrolladores de software por ampliar sus aplicaciones, aunado a la tendencia de las nuevas generaciones por simplificar tareas mecánicas y repetitivas, ha acelerado su adopción en diversos sectores. Sin embargo, en ocasiones, ello también puede llevar a subestimar algunos de sus riesgos potenciales, como la dependencia excesiva de herramientas automatizadas o la disminución de ciertas habilidades vinculadas con el análisis, el criterio o la creatividad.
En este contexto, vale la pena preguntarse si, en materia de asuntos públicos, dadas las características de los problemas que se atienden, debería limitarse (o incluso prohibirse) el uso de la IA. En este documento sostenemos que no.
A pesar de los desafíos y riesgos que implica, la inteligencia artificial está redefiniendo el rol profesional de los consultores de asuntos públicos, aunque difícilmente sustituirá el componente humano de esta labor.
Implementada bajo criterios claros de supervisión, gobernanza y autorregulación, puede representar una ventaja comparativa para las organizaciones que decidan integrarla de manera responsable.
Algunos de los peligros que conlleva el empleo de la Inteligencia Artificial
Existen distintos riesgos asociados al uso de la IA en el ámbito de los asuntos públicos, siendo de los más relevantes la privacidad y la protección de datos. Cada interacción con estas plataformas implica el procesamiento de información a través de redes de servidores cuyos términos de uso y mecanismos de resguardo no siempre garantizan niveles absolutos de confidencialidad. En muchos casos, la información proporcionada puede ser utilizada para el entrenamiento o mejora de futuras versiones de los sistemas.
Por ello, los consultores políticos tienen la gran responsabilidad de proteger la información estratégica y sensible de sus clientes. De lo contrario, un uso inadecuado o no regulado de herramientas de IA podría generar riesgos reputacionales, administrativos e incluso legales, particularmente considerando que no existen protocolos claros sobre el tratamiento de la información.
Otro de los desafíos relevantes son las llamadas “alucinaciones” de la IA. Los sistemas generativos no siempre producen información precisa o plenamente verificable, sino respuestas construidas con base en probabilidades estadísticas y patrones identificados en grandes volúmenes de datos. Como consecuencia, pueden ofrecer información incompleta, desactualizada o imprecisa. En los asuntos públicos, en donde tareas como el mapeo de actores, el análisis regulatorio o la evaluación de escenarios requieren altos niveles de precisión, estos errores podrían derivar en diagnósticos incorrectos o recomendaciones inadecuadas que afecten tanto la reputación de las firmas de consultoría como la de sus clientes.
La IA redefine el rol profesional de los consultores de asuntos públicos y representa una ventaja comparativa
Los asuntos públicos se refieren a la gestión de la relación entre una organización y su entorno político, regulatorio y social. Aquí se combina la comunicación estratégica, el lobbying, el análisis de políticas públicas y el seguimiento a la toma de decisiones gubernamentales. Su objetivo es anticipar cambios regulatorios que afectan intereses para influir legítimamente en las decisiones públicas. Se trata, en suma, de un trade-off entre la definición de un problema público, elaborada por un actor con representación democrática o gubernamental, y el deseo de la población objetivo por participar en el proceso de toma de decisiones.
El análisis de asuntos públicos exige distinguir entre valores e intereses en tensión: libertad e igualdad; eficiencia y equidad; regulación y permisividad. También implica reconocer las convicciones morales, los incentivos políticos y las consideraciones éticas que subyacen a cada debate. Si bien la Inteligencia Artificial puede facilitar el procesamiento de información, identificar patrones o modelar escenarios posibles, el juicio de valor y la interpretación estratégica siguen dependiendo, en gran medida, de capacidades humanas.
El consultor es quien define la estrategia y determina cómo utilizar la información disponible. En la práctica, los procesos de relacionamiento institucional requieren leer contextos, interpretar silencios, identificar señales políticas y comprender dinámicas personales que difícilmente pueden traducirse por completo en datos estructurados. El consultor percibe cuándo un aliado comienza a distanciarse, identifica qué temas conviene abordar o evitar en una reunión y ajusta la estrategia conforme evolucionan los escenarios.
El empleo de la IA en asuntos públicos puede representar una ventaja comparativa debido a su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en menor tiempo. Esto permite que los consultores destinen más recursos y atención a la elaboración de recomendaciones estratégicas, al análisis de contexto y a la construcción de soluciones de mayor valor agregado para sus clientes.
En otras palabras, la IA puede convertirse en una herramienta de apoyo para el consultor: automatiza tareas mecánicas, organiza información y facilita procesos analíticos. Sin embargo,
la supervisión humana continúa siendo indispensable para validar resultados, contextualizar hallazgos y tomar decisiones estratégicas.
Por ello, consideramos que la IA será uno de los instrumentos que redefinirá el rol de los consultores de asuntos públicos en los próximos años. La automatización de procesos mediante tecnología (siempre bajo supervisión humana y con criterios de autorregulación) permite reducir cargas operativas y enfocar el trabajo en actividades de mayor valor para el cliente. Actualmente, más que la capacidad de consumir grandes cantidades de información, resulta fundamental comprender las implicaciones específicas de cada cambio regulatorio, político o social para cada organización.
En este contexto,
el reto no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas tecnológicas, sino en hacerlo de manera ética, responsable y alineada con estándares internacionales de gobernanza digital, privacidad y protección de datos. El objetivo final debe ser aprovechar las ventajas de la innovación tecnológica sin perder de vista el criterio humano, la responsabilidad profesional y la confianza de los clientes.
Este texto fue escrito por Julio Carballo, Gerente legal, y Pedro Rodríguez, Analista jurídico, en Grupo Estrategia Política.
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