
Imagen: Forbes, Cámara de Diputados [fotografía] 2020, https://bit.ly/4fXITdy
La Dra. Claudia Sheinbaum anunció recientemente que estará promoviendo en las primeras semanas de septiembre, con la nueva LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Está previsto que esta reforma sea la segunda en aprobarse, después de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Este proyecto se sumará al paquete de 20 proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del 2024 cuyo objetivo es modificar la organización política y administrativa del Ejecutivo Federal, a partir de la simplificación administrativa[1] (reformas secundarias) y la de la eliminación de los Organismos Autónomos (reforma Constitucional)[2]. Dichas reformas se encuentran pendientes de dictamen y aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados y del Senado, pero se espera que sean aprobadas antes de concluir el año.
A pesar de que aún no se conoce la iniciativa de la candidata electa, la gran pregunta que surge es ¿qué implicaciones tendrá esta reforma en la organización de la Administración Pública Federal? y ¿cómo esto pude impactar en la gestión del gobierno?
Estos cambios a la estructura institucional del gobierno serán el cimiento sobre el cual gobernará la presidenta electa Claudia Sheinbaum durante los siguientes seis años y es una muestra de la agenda prioritaria que podría impulsarse mediante el fortalecimiento de las atribuciones de algunas secretarías en áreas fundamentales como la energética, el desarrollo en la ciencia y la tecnología, las telecomunicaciones, así como la inteligencia y la seguridad nacional, entre otras.
Algunos medios trascienden que los cambios suponen la creación de súper-secretarías que, en principio, se verían reflejados en ajustes a los balances de las secretarías e incluso la creación de nuevas como la de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación que liderará Rosaura Ruiz Gutiérrez y que pone en duda el futuro del CONACHYT.
Otro de los objetivos centrales de la agenda que ha señalado la Dra. Sheinbaum que impulsará durante su gobierno, destaca garantizar “soberanía energética para la transición energética” y el “desarrollo sostenible”, así como diseñar un plan que eficiente las operaciones de las empresas productivas del Estado, fortaleciendo su papel en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica.
La incorporación de Luz Elena González Escobar a la Secretaría de Energía y el nombramiento de Emilia Esther Calleja Alor en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son muestras de la incorporación de criterios técnicos sobre los políticos en este sector, pero también será determinante el papel que tendrán PEMEX y CFE, en caso de dejar de ser empresas productivas del Estado para convertirse en parte de la estructura de la SENER. En términos regulatorios, de igual forma será importante observar el impacto que tendrá la pérdida de autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), principalmente para las nuevas inversiones y en el clima de negocios.
La Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Omar García Harfuch, para el próximo gobierno podría integrar las funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)[3] y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que tendrá en sus manos el bloqueo de cuentas y la gestión de los fraudes financieros en el próximo gobierno. Inclusive, en las reuniones diarias de la Dra. Sheinbaum, ella mencionó que estará impulsando una Ley para crear el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, que podría ser una evolución del marco jurídico del CNI con el objetivo de fortalecer la tarea de inteligencia del gobierno que es clave para su toma de decisiones.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría pasar a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Con ello, se prevé que la Ley establezca los principios y acciones de coordinación y distribución de competencias para organizar la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión de todo el país. El otorgamiento, revocación y autorización de concesiones o cambio de control accionario, titularidad y operación de sociedades estará a cargo de la SICT. Asimismo, se prevé que se establezca un registro de concesiones y se cree el Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, es relevante observar que, en este caso, el comisionado del propio IFT ha buscado acercarse a la Dra. Claudia Sheinbaum para presentarle un “Plan D” que valide su autonomía y la existencia del empleo de 1,428 personas, además de posicionar al Instituto como un organismo de altísimo valor para promover la relocalización de las empresas o el nearshoring, incluso previsto dentro del T-MEC.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) podría adherirse a la Secretaría de la Función Pública, que será liderada por Raquel Buenrostro quien ha sido reconocida por su mano firme en contra de la corrupción; y la COFECE se ajustaría a la jerarquía administrativa de la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard.
En caso de que estos ajustes administrativos sufrieran modificaciones, se espera que dos cosas sucedan: 1) el poder se concentre aún más en las cabezas de las Secretarías de Estado antes mencionadas, lo que podría permitir una toma de decisiones más eficiente y eficaz, así como mucho más lineal a los objetivos de la próxima Presidenta; y 2) el contrapeso a estas súper-secretarías sea la propia Función Pública con el liderazgo de la Mtra. Raquel Buenrostro, donde recaería la vigilancia y el cuidado de la transparencia y la rendición de cuentas pública, de lo contrario, la opacidad en la toma de decisiones públicas y sobre el recurso público podría incrementarse.
Una segunda consideración es que la transición de los Organismos Autónomos hacia las súper-secretarías podría tener implicaciones, por un lado, sobre la eficiencia de recursos humanos y económicos para facilitar los mecanismos de atención a los usuarios con una reingeniería de las regulaciones, incluyendo la incorporación de la digitalización de los trámites y solicitudes de transparencia. Por otro, podría también implicar un proceso complejo y quizás con una curva de aprendizaje complicada, que podría derivar en la pérdida de la profesionalización por parte de los funcionarios que se han vuelto expertos.
Una expectativa de la reingeniería que se propone con estos ajustes en materia de simplificación administrativa es que se mejore la comunicación y la relación entre las autoridades y los ciudadanos en términos de trámites en todas las secretarías de gobierno. La realidad que hoy viven los ciudadanos, empresarios, emprendedores, artesanos e innovadores es que existe una regulación excesiva que deriva de la falta de comunicación entre trámites federales, estatales y municipales, así como entre objetivos de política pública que protejan los derechos humanos y que se fortalezcan las instancias en las que se puedan hacer válidos los derechos como parte de la certeza jurídica y fortalecimiento institucional.
Por lo que, la operación de estos ajustes administrativos, podrían traer cambios significativos a la vida diaria de las personas relacionados con sus trámites administrativos, pero también del cumplimiento de sus derechos. Con ello, muchos espacios legales podrían quedar vacíos por lo que el gran reto es que, una vez que se realicen estos ajustes, pudieran establecerse los criterios normativos y lineamientos que garanticen la operatividad de las instituciones, la delimitación de sus atribuciones, así como los mecanismos de transparencia, para así dar certeza jurídica a la relación entre gobernante y gobernado.
[1] Dictamen pendiente de aprobación por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica, [web]: https://portalhcd.diputados.gob.mx/PortalWeb/Comision/3b06de2c-0960-4f24-805b-e32f76f6533b/Foros/49b83364-b3ef-4002-a5a5-de6a4e351ad2/ArchivosGenerados/d9e459f8-226e-4835-b5d3-09978306cd4b.pdf
[2] Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones en Materia Administrativa
[3] El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue creado el 30 de noviembre de 2018 y sustituye al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por un decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente el CNI es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Naturaleza Jurídica del Centro Nacional de Inteligencia
Este texto fue escrito por Susana Barroso, Consultora, y Luz García, Directora de Análisis de inteligencia politica en Grupo Estrategia Política.
La educación como herramienta para el progreso en México
El liderazgo de China y el repliegue de Estados Unidos bajo la administración de Trump
Entre continuidad y cambio: los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum
Repensando la representación: diversidad y justicia con la nueva reforma judicial
El liderazgo de China y el repliegue de Estados Unidos bajo la administración de Trump
Impulsar la inclusión financiera de las mujeres en México
Mejores prácticas de los asuntos públicos a nivel estatal
La elección de la Ciudad de México, más allá de las encuestas