Sistema presidencial de gobierno, ¿un modelo vigente en México?

Dentro de la Ciencia Política, una de las bases para el estudio de todo sistema político se encuentra en el principio de separación de poderes, propuesto por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, incorporado en los marcos legales contemporáneos y que suele reflejarse en la realpolitik. Bajo esa figura, resulta necesario analizar la relación interinstitucional entre los tres poderes consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Ahora, en referencia a los gobiernos emanados de la 4T, puede observarse que el sistema presidencialista de gobierno se ha ido modificando (y consolidando) bajo un discurso de orientación social que, en la praxis, tiende a fortalecer las facultades constitucionales y metaconstitucionales de la persona al frente del Ejecutivo federal, esto a través de reforzar la presencia del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, a fin de construir y consolidar, de acuerdo con la narrativa gubernamental, un nuevo modelo de bienestar social.

Basado en lo anterior, el concepto de sistema presidencial mexicano se ha ido reconfigurando, a pesar de los indicios que existieron en su momento de que México podría transitar a un sistema semipresidencial[1]. Así, la obra El Presidencialismo Mexicano[2], del Dr. Jorge Carpizo, contrario a lo que muchos especialistas sostenían, mantiene vigentes las hipótesis establecidas en su obra, ya que los poderes constitucionales y metaconstitucionales bajo los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación han sido interpretados como muestra de resiliencia dentro de la figura presidencial.

La respuesta puntual a esta aseveración se observa en la preeminencia que ha tenido el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y, eventualmente, también sobre el Judicial, tras la elección por voto popular de sus principales miembros, es decir, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Empero, para esta disertación nos abocaremos a la relación del Ejecutivo con el Legislativo a través de las reformas legales que la Dra. Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso de la Unión para dar forma a su programa de gobierno, y así fortalecer el modelo de la 4T.

Con base en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)[3], a poco más de un año del inicio de su gestión, la Dra. Claudia Sheinbaum ha enviado al Poder Legislativo Federal un total de 65 Iniciativas de ley , de las cuales 52 han sido aprobadas, es decir, un 80 por ciento de efectividad. Incluso, hacia la próxima semana cinco proyectos más podrían ser aprobados en los siguientes días. Bajo esa tesitura, hacia el 15 de diciembre, fecha en que concluye el Periodo Ordinario de Sesiones, la Dra. Claudia Sheinbaum cerrará el año con una aprobación legislativa del 88 por ciento[4], nivel de aprobación legislativa que no se observó en la administración de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior refuerza la hipótesis establecida dentro del sistema presidencial mexicano, en el sentido de que la persona al frente del Poder Ejecutivo se convierte en ese “gran legislador”, que acompañado de una gran mayoría congresional (MORENA, PT y PVEM) avanza en la reconfiguración del Estado de Derecho para concretar legalmente su proyecto de gobierno. Con ello, debemos aceptar que los alineamientos políticos han cambiado hacia una nueva clase política y, con ello, hacia una forma de gobernar distinta a lo que habíamos conocido hasta 2018, en la que se busca una mayor presencia del Estado.

Empero, lo importante ahora será la correcta implementación de las reformas impulsadas por la Presidenta de la República, a fin de lograr esa legitimidad efectiva que todo gobernante requiere frente a sus gobernados, cuya prueba será la elección intermedia de 2027.

Lo anterior, con el fin de conocer si el modelo de gobierno implementado por la Cuarta Transformación, es decir, un Estado de bienestar renovado, resulta sostenible para una sociedad como la mexicana.

Por lo pronto, y con base en las encuestas de aprobación presidencial, parece ser que esta forma de ejercer el gobierno, sustentada en buena medida en la política de apoyos sociales, avanza por el camino deseado por la 4T, ya que la aprobación se mantiene por encima del 70 por ciento. Al tiempo.

[1] Javier Hurtado, El Sistema Presidencial Mexicano. Evolución y perspectivas, México, Editorial Universidad de Guadalajara-FCE, 2001.

[2] Jorge Carpizo, El Presidencialismo Mexicano, México, Siglo XXI Editores, 2006.

[3] https://nsil.gobernacion.gob.mx/. Consultado el 4 de diciembre de 2025.

[4] Las reformas a diversas leyes en complemento a la reforma constitucional sobre el Poder Judicial; reformas en materia de seguridad; Paquetes Económicos para el 2025 y 2026; reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de personas que laboran en plataformas digitales; ajustes a diversas leyes para fortalecer la presencia del Estado en materia de energía; reforma constitucional en materia de no reelección y nepotismo electoral; reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización; ajustes a diversos ordenamientos sobre búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas; expedición de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos; que expide la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; cambios legales para la armonización legal en materia ferroviaria; reforma constitucional en materia de extorsión; y la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México; Minuta sobre leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de extorsión.