La reputación del país: más allá de las mediciones e indicadores

Más allá de las mediciones sobre la confianza en el gobierno o la corrupción, el fondo está en si las políticas públicas funcionan para dos metas clave: cristalizar el proyecto de gobierno a mediano y largo plazo y generar un entorno económico y de desarrollo favorable para la atracción de inversiones.

Recientemente se publicó la actualización de dos indicadores internacionales relevantes: el estudio sobre percepción de confianza en el gobierno elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubica a México entre los tres países con mayor confianza en su gobierno entre los 38 miembros del organismo, solo por detrás de Suiza y Luxemburgo. Este señala que el 54 % de la población en México confía en su gobierno nacional, frente a un promedio de 39 % en la OCDE.

La otra medición corresponde al informe más reciente de Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el que México presenta un estancamiento en materia de combate a la corrupción. Aunque el país registró una ligera mejora de un punto en su calificación (al pasar de 26 a 27 sobre 100), en el ranking global cayó una posición, ubicándose en el lugar 141 de los 182 países evaluados. De acuerdo con el IPC, en el contexto internacional México ocupa el penúltimo lugar entre los países del Grupo de los Veinte (G20), solo por encima de Rusia.

Dichas mediciones muestran dos lecturas distintas de la realidad del país, aunque coinciden en señalar la ventana de oportunidad que México tiene para atender dos de los principales problemas nacionales: la desconfianza y la corrupción. Ambos elementos son el cimiento de la reputación nacional, y es necesario analizar la política pública y el contexto doméstico para obtener una perspectiva integral.

Los casos de corrupción detectados a nivel municipal, estatal y nacional impactan directo a la actividad empresarial y la inversión, pues erosionan la confianza ciudadana, elevan costos, desincentivan la inversión y debilitan el crecimiento económico. Además, desde el componente político, la corrupción diluye la capacidad de cristalizar un proyecto de gobierno a mediano y largo plazo.

Hay que señalar que México no está paralizado, ni por asomo; pero requiere transformaciones de fondo. Mientras no se mejore de manera sustancial el desempeño en el combate a la corrupción, el potencial económico y geopolítico del país se podrá estar desaprovechando.

Ahora bien, la confianza en el gobierno, además de una política anticorrupción sólida, requiere eficiencia gubernamental. Al respecto desde la federación se ha implementado una política de digitalización ambiciosa que permitiría la reducción de trámites, mejora regulatoria, y de manera paralela, el combate a la extorsión y mayor fiscalización. No obstante, estas medidas deben aplicarse también en el ámbito estatal y municipal; pues la digitalización debe ser integral para poder generar certidumbre.

En el mismo sentido se inscribe el proyecto de desarrollo económico, es decir, se requiere de una visión unificada y capacidad logística para aterrizar los objetivos, mecanismos y plazos que se tienen para la atracción de inversiones, empleos de calidad y crecimiento económico.

Un ejemplo de lo anterior es el cumplimiento de las metas definidas en el Plan México para 2030 que dependen en gran medida de que a nivel local y estatal se brinde certeza jurídica, ambiente político institucional y factores sociales transitables:

• Estar en el top 10 de economías mundiales;
• Generar 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada;
• Crecer 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor.

Sin duda, el 2026 es un año de altas expectativas en diversos ámbitos de la vida pública, no solo por lo que implica una percepción negativa del combate a la corrupción, sino también por la revisión del T-MEC y la realización del Mundial de la FIFA, que podrían representar una gran ventana de oportunidad para el país o un punto de inflexión para la 4T.

Este texto fue escrito por Edson Magariño, quien se desempeña como Analista Político en Grupo Estrategia Política.