El nuevo periodo de sesiones en el Congreso: entre la productividad legislativa y el debate sobre los contrapesos institucionales

El Congreso de la Unión inició el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXVI Legislatura, en un momento de particular relevancia política en el país. La actividad legislativa, como ha sucedido en los últimos siete años, ha estado marcada por la aprobación de iniciativas promovidas por el Ejecutivo Federal.

Previo al análisis de los proyectos que serán impulsados en el próximo trimestre, es importante hacer un recuento de las principales reformas aprobadas durante septiembre y diciembre de 2025, periodo en el que la discusión y aprobación de las reformas presidenciales ocuparon un lugar central en la agenda legislativa de MORENA y sus aliados, el PVEM y PT.

En primer lugar, la aprobación del Paquete Económico 2026, en el que se validaron cambios fiscales como el incremento al IEPS a productos de tabaco y bebidas saborizadas, así como a videojuegos (impuesto que no será aplicado por decisión presidencial), ajustes en términos de vigilancia y fiscalización y mayores recursos destinados a los programas sociales insignia del gobierno federal. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión también fue parte el paquete de reformas presidenciales aprobadas en el mes de noviembre y publicadas en el Diario Oficial días después de ser avalada en el Congreso.

Se suman a esta lista, la expedición de la Ley General de Aguas cuyo propósito es fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales; y la Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación que fue modificada para establecer diversos a la importación de mercancías de diversas industrias automotriz, textil, siderúrgico, aluminio  y juguetes, calzado, entre otros, principalmente de productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales. En términos de comercio exterior, también fue reformada la Ley Aduanera como mecanismo de modernización del sistema aduanero nacional y con el principal objeto de combatir la evasión fiscal.

Por último, destaca la reforma a la Ley General de Salud que incluye la prohibición expresa para la importación, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos y establecer campañas de prevención y regulación más estricta de estos productos con la finalidad de proteger la salud pública principalmente de la población juvenil.

Desde que inició su gestión, la presidenta Sheinbaum ha presentado un total de 65 proyectos, de los cuales se han aprobado 59 y sólo 6 están pendientes de discusión. Con estos datos, se convierte en la titular del Ejecutivo con el mayor porcentaje (90.7%)  de proyectos legislativos aprobados en los últimos 20 años, seguida de Enrique Peña Nieto quien logró un porcentaje de aprobación del 80%.

Desde luego, esto es reflejo de contar con una mayoría calificada en el Congreso conformada por los Grupos Parlamentarios de MORENA, PT y PVEM, lo que ha facilitado el avance apresurado de las reformas.

La celeridad con la que las propuestas de la presidenta Sheinbaum han sido aprobadas en el Congreso, responde en gran medida a una visión estratégica del calendario político-electoral del país. Si bien hoy en día los partidos que representan al oficialismo en el Congreso de la Unión cuentan con la mayoría referida que ha facilitado el tránsito de las reformas constitucionales y secundarias, la elección intermedia de 2027 en la que será renovada la totalidad de la Cámara de Diputados podría implicar una reducción significativa de los espacios con los que actualmente cuentan MORENA y los partidos aliados, lo cual limitaría el margen para seguir promoviendo la agenda legislativa presidencial en la segunda mitad de la administración de Claudia Sheinbaum.

Por lo pronto y de frente a un nuevo periodo ordinario, es posible visualizar que serán dos las reformas que atraerán los reflectores en la discusión parlamentaria. En primer lugar, la reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo para la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una demanda pendiente que se verá materializada en esta primera mitad del 2026. El otro gran tema es la reforma electoral en la que no sólo se definirán mecanismos para la transparencia en el financiamiento de partidos, el voto electrónico o la efectiva representación de las minorías, la discusión de estos cambios significa la definición del futuro institucional del país, en el que las discusiones sobre el equilibrio entre poderes se ha vuelto punto central de la agenda pública.

Todo lo anterior, se da en un contexto de reconfiguración de liderazgos el en Senado de la República. Con la renuncia del Senador Adán Augusto López Hernández a la coordinación del grupo parlamentario de MORENA, el Senador Ignacio Mier cuenta con la oportunidad de modificar dinámicas de negociación legislativa en la Cámara Alta. Si bien la presidenta Sheinbaum cuenta con los votos suficientes para la aprobación de sus propuestas, que ello se dé en un escenario de negociación (más que de confrontación) con las fuerzas políticas de oposición podría fortalecer los acuerdos interparlamentarios al contar con el voto aprobatorio de otros grupos parlamentarios como ha sucedido con temas de salud, seguridad y equidad de género.

El reto central para Mier será alinear a los legisladores de su bancada, un grupo en el que los liderazgos, intereses y niveles de exposición pública difieren entre sí.

La tarea se complica por el contexto político: diversos actores relevantes del movimiento (no únicamente legisladores) se encuentran bajo distintos niveles de escrutinio público y procesos de revisión institucional, lo que reduce el margen para errores que puedan traducirse en costos políticos significativos. En este escenario, Mier deberá reconstruir la cohesión interna de la bancada, contener tensiones entre los otros grupos parlamentarios (que se han hecho evidentes en las últimas semanas) y asegurar que la agenda presidencial avance sin que las controversias externas influyan negativamente en su legitimidad o den espacio a nuevas fracturas internas.

Con un nuevo periodo de sesiones,

el Congreso tiene una nueva oportunidad para posicionarse como un verdadero espacio de negociación, debate y discusión, en el que además se debe incluir una participación ciudadana y sectorial efectiva.

De no ser así, y al mantener la dinámica que hoy en día definen la actividad legislativa, el Congreso se refrendará como el órgano que atiende (casi de manera exclusiva) los asuntos impulsados desde el Ejecutivo Federal, fortaleciendo con ello el debate de la falta de contrapesos institucionales en el que el Poder Legislativo (cuyas facultades constitucionales son la representación ciudadana y de las entidades federativas), ha privilegiado la atención de iniciativas provenientes del Ejecutivo.

Este texto fue escrito por Itzel Caballero, quien se desempeña como Directora del Área de Información Estratégica en Grupo Estrategia Política.