La responsabilidad inherente a la Reforma Judicial 

Imagen: Courthouse News, Cody Copeland [fotografía] 2023, bit.ly/3THQ9R3

Desde hace varios años, la tendencia mundial de avanzar hacia procesos cada vez más democráticos ha sido impulsada en gran medida por el acceso a medios de comunicación, la transparencia de información, la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho. En el caso de México, después de un largo periodo hegemónico, la alternancia política en la Presidencia de la República llegó en el año 2000. Recientemente, gracias a esta democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un líder carismático y representante de la izquierda con un discurso popular basado en la revalorización de la participación ciudadana en la vida pública, logró ocupar la silla presidencial.    

Desde sus inicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó como un líder social controversial con discursos polarizantes, mismos que buscaban enfrentar a una mayoría de la sociedad históricamente desfavorecida en contra las minorías económicas y políticas que él mismo posteriormente categorizó como “Fifís” y críticas a diversas industrias productivas y sectores sociales. No obstante, respaldado por la implementación de políticas públicas exitosas durante su mandato (como el aumento del salario mínimo y el otorgamiento de apoyos directos) logró garantizar que su índice de aprobación no bajara del 53% en seis años.  

Ayudado de una excepcional estrategia de comunicación diaria, el actual Presidente tuvo la oportunidad de responder a diversos cuestionamientos sobre los resultados de su mandato, principalmente con respecto al rezago educativo, la falta de acceso a medicamentos y servicios de salud de calidad, así como la fallida estrategia de seguridad, sin poner en peligro su aceptación generalizada. Asimismo, mediante estas prácticas, logró disminuir el respaldo social a la oposición política y a prácticamente cualquier movimiento, grupo social, medio de comunicación, representante de la élite intelectual, grupo económico o figura antagónica a su gobierno por medio de la desacreditación de sus argumentos y el control de la narrativa a través de mensajes fáciles de replicar y sustentados en reclamos populares.  

En este contexto, observamos al Poder Judicial como uno de los pocos contrapesos efectivos que su gobierno tuvo que enfrentar; un poder que buscó defender todo tipo de decisiones gubernamentales con apego al Estado de derecho y no a la politización o a la ganancia de popularidad, abarcando temas medio ambientales, energéticos, sociales, empresariales, etc. Como consecuencia, vemos también la consolidación de la reforma judicial, percibida como un elemento indispensable (dentro del movimiento del presidente López Obrador, la “Cuarta Transformación”) para continuar con la democratización política; incluso con sus implicaciones económicas, sociales e (irónicamente) democráticas, promotoras de arbitrariedad en la toma de decisiones y justificadas en el mandato popular.  

La “Cuarta Transformación”, en este sentido de reinvención del orden político y social enmarcado en el escrutinio público, se encuentra (para el Mandatario) en la misma altura que otros tres momentos clave para la historia de México; la guerra de Independencia, la guerra de Reforma y la Revolución.  Es por esta razón que el escenario en el que se aprobó la reforma, con irrupciones en el Senado de la República y manifestaciones públicas, resultó muy conveniente para el presidente, fungiendo como una representación de la última gran lucha en contra de sus reiterados “adversarios”, las señaladas élites económicas y políticas. Lo anterior también estuvo condicionado por la debatible integración del Congreso de la Unión, en el marco de acusaciones de sobrerrepresentación legislativa (permitida por el sistema electoral y sus autoridades),  al sistemático debilitamiento y la falta de credibilidad que aquejan a la oposición, y finalmente al desconocimiento entre la población de la estructura y labores del Poder Judicial, mejor ilustrado por el comentario del Ministro Javier Laynez Potisek como: “la incapacidad del Poder Judicial para comunicarse con la sociedad, comunicar qué hacen, quiénes son y cómo lo hacen” por lo cual grandes proporciones de la población civil avalaron la reforma. 

A propósito de dicha la reforma y sin ánimo de profundizar en sus detalles, hay que notar que la reforma avanzó para su aprobación en un ambiente tenso, polémico, radicalizado y con manifestantes irrumpiendo en el Senado de la República. Al mismo tiempo, los legisladores que “debatían”, marcaron la última etapa de la discusión al interior del Poder Legislativo, para posteriormente ser aprobada en 17 congresos locales y su eventual promulgación el pasado 15 de septiembre, día de la Independencia de México. Anterior a su aprobación, diversos organismos internacionales, colectivos sociales, universidades, académicos, calificadoras, analistas, representantes empresariales y miembros del Poder Judicial, entre otros, manifestaron su preocupación, lo que se tradujo, de acuerdo con algunos especialistas, en la depreciación del peso frente al dólar, la revisión sobre futuras inversiones (de acuerdo, con la publicación del diario norteamericano The Wall Street Journal sobre el retraso de planes de inversión cercanos a los 35 mil millones de dólares en México) y un recorte a la expectativa de crecimiento del PIB de 2.4 a 1.5% por parte del Banco de México.  

Por otro lado y si bien aún está pendiente la legislación secundaria y la adecuación de leyes locales, los tiempos de implementación abonan a la incertidumbre por la premura del proceso de elección, considerando que el Senado de la República tiene solamente 30 días naturales a partir de la entrada en vigor para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas y el 12 de febrero de 2025 deberá enviar al INE las listas de las candidaturas postuladas por los tres poderes de la Unión. 

Salta a la vista que, derivado de la rapidez en la aprobación y su futura implementación, se hayan omitido distintas áreas demostrativas de la complejidad de un país que está compuesto por 33 sistemas de justicia (32 entidades y 1 federal); pues el documento contempla la modificación en el modelo de impartición de justicia desde los tribunales sin considerar otros factores como la formación académica y la carrera judicial para el cumplimiento de perfiles técnicos, así como lo correspondiente a las defensorías públicas, cuerpos de seguridad involucrados en procesos de aplicación, centros penitenciarios, fiscalías locales y fiscalía general. Por lo anterior, además de los riesgos democráticos y de justicia latentes, la autoridad electoral y los legisladores, deberán prepararse para solventar los requisitos de recursos financieros y de capacitación, además de las necesidades operativas para la jornada judicial-electoral de 2025 en la que se elegirán 1,481 personas juzgadoras entre 10,815 candidatos y 5,229 cargos entre 31,345 candidaturas en 2027, de acuerdo con los cálculos del exconsejero electoral Mauricio Merino¹.  

En suma, la responsabilidad de quienes fueron elegidos democráticamente por el pueblo para consolidar esta reforma y que hoy en día deben garantizar un proceso de elección popular de personas juzgadoras seguro (para los votantes y los participantes de la contienda), transparente, ordenado y que garantice certidumbre y tranquilidad, es enorme. La encomienda recaerá en que la impartición de justicia preserve la máxima de igualdad de circunstancias ante la ley para todos los mexicanos y mexicanas, al tiempo de que continúe en manos de aquellos mejor capacitados para el encargo y no en los más populares, evitando una mayor concentración del poder centralizado.  

[1] https://animalpolitico.com/politica/reforma-judicial-eleccion-jueces-ministros-ine  

Este texto fue escrito por Jesús Ulloa, Consultor en Grupo Estrategia Política.