Reforma político-electoral 2025: la representación en debate

Todo cambio a las reglas que ordenan el poder abre un ciclo de negociación en dos planos: el técnico, donde se discuten definiciones, fórmulas y calendarios; y el político, donde se construyen los acuerdos que hacen viable cualquier rediseño.

En ese sentido, la Reforma político-electoral que hoy impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de una agenda de reordenamiento del sistema iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que vuelve a colocar en el centro del debate público el principio democrático de la representación ciudadana, entre otros.

A lo largo del tiempo, la representación ha estado en juego en momentos clave. En las elecciones federales del 2018, la coalición MORENA–PT–PES obtuvo 24.54 millones de votos para diputaciones (45.4 %) y 308 de los 500 curules que componen la Cámara Baja (61.6 %); es decir, una brecha de 16 puntos que colocó la sobrerrepresentación en el foco de la discusión.

En 2021, el Consejo General del INE modificó la metodología de asignación y verificación de la sobrerrepresentación y aplicó un tope de hasta ocho puntos por partido entre el porcentaje de voto nacional y el porcentaje de curules (INE, 2021).

En las elecciones de 2024, la coalición MORENA–PT–PVEM ganó 256 de los 300 distritos de mayoría relativa para las diputaciones federales. Al determinar los 200 espacios de representación proporcional, el INE asignó 75 a MORENA, 20 al PVEM y 13 al PT, sumando un total de 364 curules (73%), con una votación nacional para diputaciones cercana a 60 % (INE, 2024).

La controversia en torno a la sobrerrepresentación llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, impulsada por partidos de oposición. El 28 de agosto de 2024, el Tribunal confirmó la asignación del INE y dejó anclados tres criterios:

• el reparto se calcula por partido y no por coalición,
• se verifica la afiliación efectiva y
• se aplica el límite de ocho puntos a cada fuerza por separado (TEPJF, 2024).

Lo que está en juego no es un detalle técnico, sino la oportunidad de contar con un sistema democrático de representación directa y efectiva. Recordemos que las diputaciones plurinominales surgieron como contrapeso a un partido hegemónico en la reforma política de 1977, cuando se incluyeron las primeras 100 plurinominales,  y que a partir de 1986 se fijó en 200 el número de diputados electos por listas organizadas en 5 circunscripciones, con el fin de que la Cámara de Diputados se pareciera al país que la vota, corrigiendo el sesgo territorial de los distritos de mayoría y garantizando que las minorías tengan voz.

Cuando ese mecanismo se debilita, la brecha entre votos y escaños se ensancha, se reduce el espacio de negociación, la rendición de cuentas pierde contrapesos y crecen los incentivos para aprobar cambios constitucionales y ajustes regulatorios sin interlocución con minorías.

Desde el discurso oficial, la propuesta de suprimir las 200 diputaciones plurinominales busca “devolver el Congreso al voto directo”. Argumentando que:

• las listas de representación proporcional son espacios de cuotas de las dirigencias;
• un esquema de 300 distritos haría al Poder Legislativo más austero y cercano a la gente;
• la boleta y el cómputo serían más simples; y
• el país ganaría gobernabilidad con mayorías claras y menos negociación cupular.

El posicionamiento de MORENA señala que los plurinominales han permitido la supervivencia de partidos con poco respaldo real y que, sin ellos, cada curul estaría completamente asociado a los votos ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum, ha enfatizado: “quien tenga apoyo suficiente lo demostrará en las urnas”, asegurando que las minorías no desaparecerán, sino que competirán en igualdad de condiciones distrito por distrito.

Como respuesta, voces opositoras y diversos analistas sostienen que privilegiar la austeridad por recortar curules sería marginal frente al costo democrático de perder pluralidad. Señalan que el mecanismo acercaría al país a una concentración de poder con menos negociación y que sectores y territorios quedarían subrepresentados o sin asiento.

Señalan, además, que la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, nombrada por la presidenta Sheinbaum para organizar la consulta ciudadana, los foros y la presentación de la propuesta en enero de 2026, se conformó únicamente con integrantes del gobierno federal. Llama la atención que el presidente de dicha Comisión, Pablo Gómez, llegó por primera vez al Congreso Federal a través de la figura de “diputado de partido” en 1979.

Para recuperar la idea inicial de los dos planos, conviene precisar que, en la línea técnica, el foco de esta parte de la reforma se concentrará en si se eliminan o se conservan las diputaciones plurinominales, qué algoritmos se aplican, con qué reglas se limita la sobrerrepresentación por partido y cómo se preservan la paridad y las acciones afirmativas aplicables a los 300 distritos.

En la línea política, lo decisivo será la voluntad de abrir la deliberación a oposición, academia, organismos electorales y sociedad civil, o de imponer una narrativa oficial.

En los próximos meses, el debate debería poder abordar tres puntos fundamentales:

• el límite efectivo de la representación por partido, para que ningún partido reciba más o menos curules de acuerdo con los votos obtenidos.
• las reglas de compensación mínima para votos nacionales que no ganan distritos.
• la paridad y acciones afirmativas exigibles en los 300 distritos, con mecanismos de verificación robustos.

Si bien la propuesta de Reforma político–electoral incluye otros elementos, como la disminución de prerrogativas y una reforma profunda al INE como el instituto responsable de organizar las elecciones, la representación debe estar en el centro del debate por que es el único elemento que puede garantizar, de manera simultánea la pluralidad, la legitimidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la igualdad en la democracia.

---